Violencia de género en dependencias del Ministerio de Trabajo de la Nación

Más de 20 trabajadoras de las agencias territoriales de Córdoba y de la localidad de Río Cuarto en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación hicieron pública una situación de vulneración a su integridad física a la que se ven expuestas porque desde el mes de agosto deben compartir las instalaciones con un trabajador denunciado por ellas mismas en el año 2015 por violencia machista, acoso y violencia física.

Nos comunicamos con María Sotti, trabajadora en el Ministerio y ex delegada sindical en ATE, para difundir la problemática. 

– ¿En qué situación está el caso? 

– Es un caso muy emblemático que está sucediendo en Córdoba, principalmente porque esta persona que cometió actos de acoso y violencia en el mundo del trabajo con eje en género porque la mayoría somos mujeres, llegamos a una situación de hartazgo por la desidia institucional que permitió el reingreso de esta persona a partir del 1 de agosto. Sucede por las grietas que el propio Estado deja en perjuicio de las trabajadoras principalmente porque no hace conexión con la causa administrativa del año 2015 cuando este trabajador cometió un hecho de violencia física hacia una de las trabajadoras y desencadenó el destape de un montón de compañeras víctimas de más casos. Hay 24 personas que expusieron  a las autoridades la situación de gravedad con respecto a esta persona. 

«Estamos haciendo la mayor presión posible desde el arco político sindical de Córdoba y a través de la red inter sindical contra la violencia laboral. Pero lamentablemente las respuestas son insuficientes porque esta persona todavía no ha sido apartada de su puesto laboral. Hay intenciones de querer mandarlo a hacer teletrabajo pero el Estado no cuenta con las herramientas legales para apartarlo directamente sin cometer un acto que pueda ser considerado discriminativo hacia esa persona. Y entonces nadie en el régimen burocrático se la quiere jugar, nadie quiere poner la firma, para que termine la exposición de las trabajadoras. Hemos pedido audiencias con el Ministro Moroni y con la Ministra de Géneros. Creemos que si hay que cambiar la normativa del convenio colectivo de trabajo para hacer cumplimentar el convenio 190 que rige desde junio de 2021, el Estado tiene que empezar por casa. Si no, obliga a otros la aplicación de la normativa cuando en la propia casa – estamos hablando del Ministerio de Trabajo de la Nación-, no se cumple. Esto tiene que cambiar empezando por el reglamento interno. La semana pasada la Ministra de Géneros se reunió con el Jefe de Gabinete para implementar un protocolo de atención y prevención de la violencia de género dentro de la administración pública nacional pero está llegando tarde a los distintos casos como este.»

– ¿Qué pasa con la implementación de la Ley Micaela en la administración pública?

– Sin duda la Ley Micaela es muy importante y está ayudando un montón. Pero si no viene de la mano de la transformación de los mecanismos institucionales de denuncia, queda en muy buenas intenciones como una persona que realiza una capacitación para cumplimentar con las horas obligatorias. Para nosotras la salida es política: cuando fallan las normativas, el poder de la política tiene el poder de la decisión en favor de las trabajadoras del Ministerio.

– ¿Sobre el caso hubo una denuncia en el sistema judicial?

– No hubo denuncia porque el conjunto de trabajadoras sufrió en distintos momentos hasta acoso en las redes sociales por parte de esta persona ya habiendo roto el vínculo laboral. Con lo cual la exposición que implica hacer una denuncia penal en el sistema judicial las expondría demasiado y es un costo demasiado alto que el conjunto de trabajadoras no está dispuesta a afrontar porque esta persona, recordemos, tiene entrada al mismo espacio de trabajo. Es más, esta persona tiene una llave propia al edificio. Se está cuidando que este violento no se saque frente a la integridad de las compañeras. Siempre somos las mujeres las expuestas a la vulneración de derechos. Entonces salimos a denunciar las que tenemos fueros sindicales porque para el resto de las compañeras además del desgaste emocional implica el riesgo de recibir una agresión física.